No es ninguna noticia el hecho que el Tribunal Constitucional (TC) sea excesivamente lento en su toma de decisiones, a la hora de dictar sentencias. Cierto es que las decisiones que toma no deben ser debatidas a la ligera, pues son cuestiones que muchas veces tienen vital importancia para el devenir de la nación. El problema está en que esa falta de decisión o de ímpetu puede llevar incluso a hacer olvidar a la sociedad ciertos recursos de inconstitucionalidad que no deberían ser obviados.
La trascendencia de las sentencias del TC reside muchas veces en la inmensa carga ética que incluyen las decisiones sobre “delicados” temas de la actualidad. Yo quiero centrarme sobretodo en dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular (y el Gobierno de Navarra) sobre dos leyes impulsadas por el gobierno socialista: El matrimonio de parejas del mismo sexo y la reforma de la Ley del Aborto. La lentitud del TC puede hacer pensar a algunos dirigentes políticos (o no dirigentes…) que nos olvidamos de lo que se está jugando con esas sentencias judiciales. Hay un grave peligro de fractura social absoluta en nuestro país, por culpa de la negligencia política de un gobierno obsesionado con legislar sin ningún tipo de responsabilidad política.
En el primer caso, el recurso de inconstitucionalidad va encaminado a acabar con el despropósito jurídico que plantea esa ley. Una ley que nació con una nomenclatura descarriada y con el único fin de crear controversia e intentar dañar una institución histórica del derecho. Pero la voluntad de la extrema izquierda española no era sólo ese, pues su objetivo principal seguía siendo el mismo: el catolicismo. En su particular contienda contra la Fe católica, el gobierno pensaba que manteniendo la denominación de “matrimonio” lesionaría el ánimo de muchos fieles. Pero no es así, pues como ya he dicho varias veces, el matrimonio es una institución que tiene su origen en el derecho romano y sus códigos. ¡Qué fácil era poner otro nombre al nuevo contrato conyugal!
En el segundo caso, se trata la reforma de la Ley del Aborto. Es sin lugar a dudas la reforma más aberrante que he visto en mucho tiempo, sobre una ley que ya se postraba ante la desagradable voluntad política del “laicismo radical español”. Otorgar derechos sin medida a jóvenes menores de edad y alejarlas del amparo familiar es muy deprimente y dañino. Es parte del continuo ataque no sólo al derecho que tiene a vivir el concebido no nacido, sino también es una agresión directa contra la familia como institución base de nuestro país.
Peligrosísimo es el camino que ha tomado nuestro país conducido por un gobierno ofuscado por contentar a la vertiente más extremista de la izquierda española. Un ejecutivo sólo dispuesto a contentar a unos pocos en detrimento del bienestar social de la mayoría de la nación. Esperemos que el TC ponga orden definitivo en este descalabro jurídico y moral. En caso de que no fuera así, que los futuros timoneles de España sepan legislar para acabar con esos dos desatinos y otros tantos.
